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El Programa de Inmunidad de la COFECE es una herramienta fundamental en la lucha contra las prácticas monopólicas absolutas (cárteles), ya que otorga atractivos beneficios como la posibilidad de reducir las sanciones administrativas al mínimo y no enfrentar responsabilidad penal. Sin embargo, este paraguas de beneficios no cubre las posibles demandas por daños y perjuicios y las acciones colectivas.
Si bien en México históricamente las demandas por daños y perjuicios y las acciones colectivas que derivan de resoluciones de COFECE se han visto limitadas, este es un panorama cambiante.
Los programas de inmunidad, también conocidos como "leniency programs" en otras jurisdicciones, tienen una relevancia histórica y práctica significativa en el ámbito del derecho de la competencia. Introducidos por primera vez en Estados Unidos en 1978 y en la Unión Europea en 1996, estos programas permiten a las empresas que participan en prácticas monopólicas absolutas, conocidas como cárteles, reportar su actividad ilegal a las autoridades a cambio de una reducción o exención de sanciones. Esta estrategia busca desestabilizar cárteles existentes y desalentar la formación de nuevos, mejorando la calidad de la información disponible para las autoridades antimonopolio y facilitando la persecución de empresas coludidas.
En México, el Programa de Inmunidad fue implementado inicialmente en 2006 por la entonces Comisión Federal de Competencia (COFECO) mediante un programa administrativo adoptado como política interna para otorgar inmunidad. Aunque en sus primeros años tuvo un éxito limitado, las reformas posteriores y la publicación de la Guía del Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones en 2010 consolidaron su importancia. Desde entonces, el programa ha demostrado ser una herramienta efectiva para detectar y desmantelar cárteles, reflejando un notable incremento en el número de solicitudes de inmunidad.
El Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones de la COFECE ofrece a los agentes económicos la posibilidad de obtener una reducción significativa de las sanciones que enfrentarían por participar en prácticas monopólicas absolutas. Para acceder a estos beneficios, el solicitante debe cumplir con una serie de requisitos: solicitar formalmente la inmunidad ante la COFECE, reconocer su participación en la práctica monopólica, proporcionar información detallada sobre las conductas ilícitas a la autoridad, cooperar de manera plena y continua con la COFECE, y cesar inmediatamente su participación en la conducta ilegal.
Participar en el Programa de Inmunidad y cumplir con sus requisitos presenta incentivos sumamente atractivos para las empresas. Entre estos beneficios se encuentra la posibilidad de reducir las sanciones administrativas al mínimo, es decir, hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, las personas físicas que se acogen a este programa no enfrentarán responsabilidad penal.
Los beneficios del programa se otorgan de manera escalonada. La primera persona que, directamente o a través de su representante legal, solicite ingresar al programa y proporcione los elementos necesarios que permitan a la COFECE iniciar una investigación o presumir la existencia de una conducta anticompetitiva, obtendrá la mayor reducción de las sanciones administrativas. Por esta razón, se recomienda que en cuanto un agente económico detecte su participación en un acuerdo colusorio, se analice la conveniencia de solicitar su ingreso al programa y asegurar así obtener la mejor posición entre los interesados. Sin embargo, incluso si no se es el primer solicitante, es posible obtener reducciones significativas en las multas, que pueden ser del 50%, 30% o 20%.
A pesar de los beneficios que ofrece el Programa de Inmunidad, las empresas que se acogen a él pueden enfrentarse a demandas civiles por daños y perjuicios presentadas por los afectados por las prácticas monopólicas que han denunciado. El artículo 134 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) establece que las personas que hayan sufrido daños o perjuicios como resultado de una práctica monopólica tienen el derecho de interponer acciones judiciales para defender sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, una vez que la resolución de la COFECE sea definitiva.
La experiencia internacional respalda esta preocupación. Si los solicitantes del programa tuvieran la certeza de que no solo estarían exentos de las multas y sanciones impuestas por la autoridad de competencia, sino también de las demandas por daños y perjuicios que pudieran interponer los afectados, el programa sería más efectivo, pues más agentes económicos estarían dispuestos a participar.
En Estados Unidos, por ejemplo, los afectados pueden demandar a las empresas involucradas en prácticas anticompetitivas por hasta tres veces el monto del daño causado. Sin embargo, las empresas que hayan cooperado con las autoridades, y especialmente aquellas que hayan recibido el beneficio de inmunidad, pueden calificar para ser responsables únicamente por daños simples.
Por otro lado, la Comisión Europea ha afirmado que las acciones por daños y perjuicios constituyen una contribución significativa al mantenimiento de la competencia efectiva en la Unión Europea. No obstante, también reconoce la complejidad de su posición, ya que proporcionar información sobre los agentes económicos para estas acciones podría infringir las reglas de confidencialidad y, al mismo tiempo, desalentar la participación en los programas de inmunidad.
Al igual que en cualquier materia, iniciar una demanda por daños y perjuicios en el contexto de prácticas monopólicas requiere un proceso legal riguroso. Si bien con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma de juicio por Cofece se tendrá por acreditada la ilicitud en el obrar del agente económico de que se trate para efectos de la acción indemnizatoria, también es necesario presentar pruebas concretas que no solo demuestren el daño sufrido, sino que también establezcan una relación causal con las prácticas anticompetitivas denunciadas. Este proceso puede resultar complejo y costoso, ya que implica una cuantificación precisa de los daños económicos, la obtención de pruebas suficientes y la determinación clara de la responsabilidad de la empresa demandada.
Las acciones colectivas pueden nivelar el campo de juego para los consumidores y pequeños competidores, permitiéndoles una representación más robusta y eficaz contra grandes corporaciones al agrupar recursos y demandas. Estas acciones promueven la equidad y transparencia, asegurando que los afectados tengan acceso a la justicia y a una compensación justa.
Así, aún en el caso de que no haya una sentencia condenatoria de las demandas de daños o las acciones colectivas, por el simple trámite de los procedimientos judiciales, las empresas pueden enfrentar implicaciones financieras significativas por los costos legales. Además, de hacerse públicas, el daño reputacional puede afectar gravemente su posición en el mercado y la confianza de los consumidores.
Para mitigar estos riesgos, las empresas pueden optar por la celebración de convenios que ayuden a reducir tanto los costos como el tiempo de litigio.
Sin embargo, para evitar todo lo anterior, es aún más importante la implementación de medidas preventivas para evitar prácticas anticompetitivas, asegurando así un comportamiento corporativo más transparente y responsable.
Contar con asesoramiento legal especializado es crucial para evaluar de manera precisa los riesgos y beneficios de acogerse al Programa de Inmunidad, asegurando una decisión informada y estratégica. Además, en casos que involucren múltiples jurisdicciones, es fundamental desarrollar una estrategia coordinada que permita identificar la necesidad de programas de inmunidad en otros países y asegurar una coordinación efectiva entre las diversas acciones legales.
Por otro lado, realizar auditorías internas y establecer procesos de control puede ser crucial para detectar y corregir prácticas anticompetitivas de manera temprana, evitando sanciones y mejorando la transparencia y el cumplimiento normativo.
Las empresas deben adoptar un enfoque proactivo y transparente en sus prácticas comerciales. Considerar el Programa de Inmunidad con una comprensión clara de sus riesgos y beneficios es fundamental, así como mantener una cooperación continua con las autoridades de competencia. La asesoría legal especializada y la implementación de medidas preventivas son esenciales para maximizar los beneficios del programa y minimizar los riesgos. En Mijares contamos con amplia experiencia en la valoración y en su caso aplicación de Programas de Inmunidad y contamos con un Equipo altamente capacitado nacional e internacionalmente en dichos procesos para brindar la guía y el apoyo necesario a nuestros clientes en dichos procesos, así como para a cumplir con las normativas y proteger sus intereses.
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